Medellín, ha escalado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos debido a un conflicto entre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD).
La UBPD acusa a la JEP de obstruir la búsqueda humanitaria al asumir el control tras hallazgos de restos óseos, transformando el procedimiento en judicial. Esto ha generado tensiones al excluir al equipo forense de la UBPD y limitar el acceso a familiares de desaparecidos. Las familias denuncian maltrato, revictimización y retroceso en sus derechos.
El caso clave es la desaparición forzada de Arles Edisson Guzmán durante la Operación Orión de 2003. La falta de resolución puede obligar al Estado a rendir cuentas ante la Corte sin tener avances sustanciales.
